Castigo y perdón, recargado, o: Sensatez y sentimientos

Una de las consignas del campo de los derechos humanos en la Argentina es: “Juicio y castigo”. Se trata de una sentencia esencialmente miserable. Primero, porque asocia ilegítimamente dos términos que no tienen nada que ver. El sistema judicial establece culpabilidades y responsabilidades, no administra venganzas. Y la cárcel, dice nuestra constitución, no es para castigo de los reos, sino para seguridad, en dos sentidos: de la sociedad si el sujeto condenado es peligroso, y de él mismo, si en libertad está expuesto a linchamientos, crímenes de odio, etcétera. Solo en este último sentido es admisible que Videla esté preso (y tantos otros). Es evidente que él no representa un peligro para nadie. Se lo manda a la cárcel por otra clase de sentimientos. “Juicio y castigo” termina siendo una frase fatalmente verdadera. Sorprende la franqueza anticonstitucional de los organismos y los militantes de derechos humanos.

Por otro lado, aun cuando no existieran estos sentimientos de venganza y de castigo y efectivamente se mandara a Videla a prisión para su propia protección, flaco favor se le estaría haciendo: podemos imaginar el trato que se le dispensaría al dictador terrorista en una cárcel común. La mejor opción parece ser la del arresto domiciliario. Pero no: suele pedirse que alguien “se pudra en la cárcel” y cosas por el estilo, y la indignación ante la variable hogareña de la cárcel es moneda corriente. La diferencia entre exigir la reclusión perpetua y la pena de muerte es de grado, no de naturaleza. Quienes piensan que el Estado no tiene derecho a matar a nadie, forzosamente deben creer que tampoco tiene derecho a enajenar a nadie de su libertad.

Visto desde esta perspectiva, no hay razones para encerrar a Videla. Ni siquiera para ponerlo bajo arresto domiciliario, si de veras se cree en el precepto constitucional acerca de la finalidad del encarcelamiento. La idea misma de arresto domiciliario nace de ese precepto: un viejo o un enfermo no pueden ser, en general, peligrosos para nadie, y por eso no es necesario que estén en un cárcel común. Pero es una aplicación tibia del principio, y pervive en él la ley del talión. ¿Acaso será anticonstitucional que Videla esté preso? Se preguntará, entonces, qué se hace con él y con tantos otros terroristas, torturadores, etcétera. Solamente lo necesario para asegurar que no los maten a golpes por la calle.

Otro es el problema a la hora de lidiar con los criminales peligrosos. ¿Se justifica quitarle la libertad a alguien en beneficio del cuerpo social? Creo que no, pero ¿qué alternativas podemos pensar a la cárcel? La primera opción podría ser siempre la libertad condicional: el criminal debe ser seguido de cerca por un asistente social o algún funcionario de ese tipo. La reincidencia es obviamente más problemática. Idealmente: arresto domiciliario para quien persista en conductas criminales. Pero eso parece impracticable y, además, si, como es probable, el criminal vive en condiciones deplorables, un arresto domiciliario supone la legalización de tales condiciones. De manera que habría que asegurarle una vivienda digna al criminal antes de alojarlo definitivamente en ella y bajo estricta vigilancia. Pero no es difícil advertir lo injusto de que se les dé a delincuentes las soluciones habitacionales que no se les dan a otros miles de personas (inocentes, además, agregará alguno, en un gesto emparentado con esa oposición a la pena de muerte solo en términos de que es tan irreversible como falible es la jusiticia a la hora de declarar culpabilidades).

Queda para los creyentes la esperanza de que Videla sea efectivamente castigado en otros mundos (o perdonado: podemos asegurar que “Ni olvido ni perdón” también asocia dos ideas que no comparten nada en absoluto), y para los ateos la de que alguien burle el control oficial y logre poner una bomba en su departamento o al menos le rompa las piernas con un bate de béisbol.